Un 21% de la población española supera los 65 años y un 34% de ellos, aproximadamente, presentan algún tipo de dependencia. Se trata esta de una cifra que invita, cuando menos, a reflexionar sobre qué alternativas de cuidados deben tener estas personas que suponen un porcentaje tan elevado de la población total. 

Actualmente, y más todavía tras el paso del ‘huracán’ Covid-19, las Administraciones públicas están inmersas en un debate dirigido al cambio de rumbo del modelo residencial. Es decir, tras someter, en los últimos años, el modelo de estos centros a una exhaustiva revisión, desde el Gobierno central se abogó por avanzar hacia su transformación.

El aumento progresivo de la financiación del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) –concretamente, desde Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha incrementado la dotación al SAAD en 1.800 millones en los últimos tres años– es un buen punto de partida pero, como señalaron recientemente desde este ministerio, “este incremento no responde exclusivamente a la aspiración de la mejora del sistema, sino a la voluntad del ministerio a contribuir al tránsito de un modelo de cuidados ‘asistencialista’ a otro modelo centrado en cada persona y desde un enfoque comunitario y de proximidad para favorecer que las personas en situación de dependencia tengan proyectos de vida dignos, elegidos y compartidos con el resto de la población”.

En realidad, como destaca Ana Urrutia, presidenta de la Fundación Cuidados Dignos, “lo vivido en la pandemia fue un problema sanitario, no un problema social. Impactó en el sector residencial no tanto a consecuencia de las carencias que el sector pudiera presentar, sino porque la conexión de las residencias con lo sanitario falló”. Y añade que, en su opinión, “la asignatura pendiente es profundizar en el modelo centrado en la persona, en apoyar a las personas en ese cambio de domicilio, en acompañarles en su vida y hacer de las residencias lugares respetados cuya labor es necesario empezar a reconocer y valorizar, para lo cual ellas mismas deberán de aportar el valor que a la sociedad le hace falta que aporten. Y así, abandonar prácticas como sujetar, y cuidar con dignidad será absolutamente necesario. No se puede pedir respeto para ellas, si ellas no respetan a quienes cuidan”.

Por su parte, Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal –y una de las primeras profesionales del sector en referirse al Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP)–, también manifiesta el compromiso de la entidad, desde 2010, con ese cambio en el modelo de cuidados. “Alcanzar la implementación real de la AICP no es una meta, es un camino. Desde esta convicción, creo que sí se han dado los pasos primeros en los últimos tiempos para ponerse a caminar desde muchos lugares y desde muchas entidades trabajando junto a las personas que precisan apoyos”, reconoce Rodríguez.

Consciente de la necesidad de evolucionar, el sector de atención a las personas mayores lleva unos años en un proceso de reinventarse, dando los primeros pasos de una redefinición que pasa, necesariamente, por el salto de una tendencia asistencialista a una en la que la persona esté situada en el centro. “El carácter asistencialista que ha caracterizado durante mucho tiempo el sistema de cuidados partía de una visión enfocada en el déficit y la enfermedad y de un posicionamiento jerárquico entre unas personas que saben y pueden (los equipos profesionales, las instituciones) y otras que ‘no saben’ y no tienen habilidades para salir de su situación de dependencia debiendo ser otros los que determinen el camino a seguir (heteronomía)”, explica Rodríguez.

Precisamente, los expertos coinciden en que un primer paso, de cara a hacer efectiva esa revisión del sistema de cuidados, sería que las personas dejasen de ser consideradas como beneficiarias de un sistema para ser vistas, expone la presidenta de Fundación Pilares, “como ciudadanas que se apropian y ejercen sus derechos”.

El papel que desempeñan las residencias en cuanto a la atención de las personas mayores es imprescindible. “Las residencias hacen falta. El ideal es poder envejecer en nuestros domicilios, pero cuando la persona padece dependencia eso no siempre es posible. Y ahí las residencias están obligadas a cumplir un gran papel. Tienen por delante el gran reto de conseguir que la sociedad respete y valore la cobertura de servicios que ellas le ofrecen. El objetivo es conseguir que las personas que padecen dependencia y sus familias sientan que lo único que está ocurriendo en sus vidas es poco más que un cambio de domicilio. Eso será indicativo de que se han convertido en el hogar que están destinadas a ser”, comenta a entremayores Urrutia.

A través de este reportaje, intentamos exponer dos realidades que deben sucederse al mismo ritmo: sentar las bases de un nuevo modelo y detallar la metodología para llevarlo a cabo. Y este debe ser, sin lugar a dudas, el escenario idóneo para el desarrollo de la coordinación sociosanitaria. 

Desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), su presidenta Natalia Roldán expresa que el sistema sigue cojeando en cuanto a la integración de los servicios social y sanitario, dos mundos que, declara, “están avocados a entenderse sí o sí”. En este sentido,  añade, “existe un reto importante por ambos sistemas, de los que forma parte a su vez el sistema de cuidados, y es la falta de profesionales en nuestro país. Una manera de abordar este problema es, precisamente, integrando ese sistema de cuidados en uno solo, con independencia de que existan partes más específicas de un área y otra, pero siempre con el objetivo de una atención sociosanitaria integrada”. 

Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) introducen otro de los escollos con los que se está topando la transformación del sistema, y es la necesidad de disponer de una financiación suficiente para ponerlo en marcha. “Si estamos apostando por modelos de atención de cuidados que sean más ambiciosos y de mayor calidad, eso requiere hacer una memoria económica para ver la sostenibilidad y si es viable su aplicación en nuestro país; y desgraciadamente no se ha realizado. Otro aspecto es que el sistema de dependencia sigue siendo muy lento para dar respuesta a las personas mayores dependientes. Actualmente, estamos alrededor de 410 días de media hasta la resolución de un expediente, tiempo que para una persona mayor, y con un horizonte de vida limitado, nos parece que es excesivo”, argumenta Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED.

Ante esta realidad que expone Fernández-Cid, el sector viene reclamando la urgencia de agilizar el sistema actual para que, además de evitar las duplicidades, sea más accesible a todas las personas.

 La excesiva burocracia y los distintos accesos y tiempos en función de la comunidad autónoma se han convertido en dos de los puntos negros del SAAD, pero pueden corregirse. Una alternativa para resolver las diferencias territoriales podría ser la creación de una cartera unificada de servicios de atención a la dependencia de ámbito estatal, una reclamación que, desde el sector, ya han planteado en numerosas ocasiones.

 “Consideramos que es absolutamente necesaria esta unificación. De hecho, esta era la idea con la que nació el sistema de acreditación básico que estaba impulsando el Ministerio de Derechos Sociales. Sin embargo, en su formulación definitiva, se ha apostado por un acuerdo de máximos, que es lo que ha hecho que no haya sido efectivo, como siempre advertimos desde FED. Entendemos que una cartera unificada de servicios para la dependencia sería el escenario ideal para que todos los españoles pudiéramos recibir los mismos servicios independientemente de donde vivamos”, asegura Fernández-Cid.

El aumento de financiación y la mejora consecuente del sistema vendrían acompañadas por un tercer pilar: la optimización y diversificación de los recursos disponibles. La presidenta de Aeste lo sintetiza en una idea: ofrecer alternativas para garantizar la libre elección de las personas. 

Sentadas las bases de la función esencial que las residencias deben ofrecer a las personas mayores, y cuando no se puede alargar la permanencia en el hogar, existen otras opciones al alcance. Hablamos de los cuidados sociosanitarios intermedios (CSI), una modalidad que todavía está en una fase inicial de implantación en España, pero que ya está siendo implantada en varias comunidades autónomas –como es el caso de Galicia y Andalucía–. 

Los CSI son una modalidad asistencial a tener en cuenta, pues se trata de unos cuidados que –como recoge un documento elaborado por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)–, “representan la transición del paciente de un episodio de hospitalización aguda a su domicilio o residencia, caracterizado por una dependencia médica y social y posibilidad de recuperación funcional. Una de las características fundamentales de los CSI es la multidisciplinariedad que requieren. Asimismo, los pacientes que reciben este tipo de atención han de ser debidamente seleccionados, pues no es adecuada para todos los perfiles englobados en el sector sociosanitario”.

Como valora Urrutia, “lo importante es que cada persona tenga su plan o itinerario de atención personalizado, dentro del cual estos servicios pueden sin ninguna duda ser muy útiles. Ahora bien, si queremos ACP, los servicios públicos deberán de ser más flexibles y personalizados”. Y precisamente este tipo de cuidados intermedios pueden configurarse como una opción deseable. 

Sin embargo, y tal y como alerta la presidenta de Fundación Pilares, “se trata de recursos que no deben faltar en ninguna cartera de servicios, pero es muy relevante que continúen considerándose centros sanitarios porque esa concepción resulta esencial para las personas que los precisan. Si estos recursos son sanitarios, son de general acceso a toda la ciudadanía que los precise y, además, son gratuitos. Otra cosa es que sea necesario que estos centros, como el resto de los niveles asistenciales, y en especial, los cuidados de larga duración, se coordinen debidamente entre los sistemas de salud y los servicios sociales”.

También desde el sector empresarial consideran que la flexibilidad es vital. “Estamos muy de acuerdo con la intención del Ministerio de Derechos Sociales de hacer compatibles una serie de servicios, como la teleasistencia y la ayuda a domiciliaria con, por ejemplo, un centro de día. Consideramos que es el camino correcto”, asegura Fernández-Cid.

Desde la colaboración público-privada, afirma Roldán, “debemos generar, por encima de todo, muchas opciones de elección para las personas. Cuantas más, mejor. Debemos proponer esas opciones en base a lo que la persona necesita para su cuidado en función de su situación vital (que toca la parte personal, pero también la del entorno que presta ese apoyo). Por tanto, lo que debemos de generar es una entrada en el sistema que a mí me permita consumir los recursos que necesite en función de cuál sea mi momento vital, sin necesidad de que tenga que entrar y salir y sin necesidad de que tengan que ser situaciones permanentes. Todo lo que sean alternativas en el ámbito de los cuidados domiciliarios, intermedios, de continuidad residencial o ambulatoria en un centro de día, etcétera, solo van a conseguir enriquecer el sistema”. 

Como coincide el sector en su conjunto, el modelo de cuidados requiere la implicación de todas aquellas partes que han intervenido históricamente en la atención a los senior y que los siguen haciendo hoy en día. Que el perfil y, por tanto, sus preferencias, se hayan ido transformando en el tiempo no implica más que el modelo que se proponga también sea revisado. Desde el alta de la mujer en el mercado laboral, la dispersión geográfica o el aumento de los índices de dependencia entre los mayores son algunos de los condicionantes para que el cuidado tradicional de este colectivo haya cambiado en las últimas décadas. 

“Las situaciones que rodean las necesidades de cuidados son muy diversas en la sociedad de hoy”, asegura Rodríguez. “Si a ello le unimos el derecho a la autonomía en la toma de decisiones sobre dónde preferimos vivir, tenemos un caleidoscopio de situaciones que obligan a ofrecer una oferta amplia de recursos: sin duda, de los que favorecen la permanencia en los domicilios, pero también  diferentes alternativas de alojamiento para que las personas tengan la posibilidad de elegir”, añade. 

Establecer un amplio abanico de recursos de proximidad o comunitarios, mejorar la atención domiciliaria –potenciando el apoyo profesional a las familias en el hogar–, hacer desaparecer las incompatibilidades entre servicios y desarrollar tecnologías, como la teleasistencia, son algunas de las claves para el enriquecimiento del sistema de cuidados. 

“Somos un país con mucho potencial –concluye en su conversación con entremayores Natalia Roldán–, aunque nos empeñamos en no entender que el envejecimiento es un indicador de éxito de una sociedad avanzada. Se necesita que exista un potente sistema exterior para suplir el tradicional cuidado en casa”.

Ir configurando una cadena de recursos flexibles, coordinados entre lo sanitario y lo social, y en los que prime la libertad de elección de las personas deberían ser, en resumen, las bases de un sistema de atención adecuado.